Después de varias idas y vueltas -y un viernes fatídico de colas de varios metros- los bancos abrieron, al menos parcialmente, y muchos pudieron acceder a su dinero para hacer frente a las obligaciones propias de una economía casi paralizada por el coronavirus. Pero, mientras tanto, hay unas 24.000 cajas de seguridad extrabancarias a las que, desde el 20 de marzo pasado, todavía nadie pudo acceder.
Los fondos que están en esas bóvedas pertenecen a empresarios que necesitan pagar sueldos o a personas que deben acceder a dinero para hacerle frente a gastos cotidianos en un contexto en el que muchos se quedaron sin sus ingresos, en el caso de que fueran variables. Al menos eso alegan las empresas que alquilan cajas de seguridad extrabancarias, como Hausler, el principal jugador del mercado, y la cordobesa Security Box.
Juan Carlos Pinelle, presidente de Security Box, explicó a LA NACION que, al no ser consideradas como empresas pertenecientes al sector bancario o financiero, no están dentro de las actividades esenciales. En la carta que le envió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el ejecutivo detalla que los locatarios de 1300 cajas que la firma maneja en la capital cordobesa tienen «coartada su actividad comercial» y no pueden pagar sueldos ni servicios.
Además, Pinelle alega que la empresa tiene muchos clientes avanzados en edad que precisan acceder a esos fondos por cuestiones «vinculadas a salud y alimentación». En la carta, el ejecutivo pone a disposición su establecimiento para cualquier inspección previa necesaria para obtener autorización para funcionar, y se compromete a cumplir con los protocolos sanitarios pertinentes.
Mientras tanto, desde Hausler, la compañía nacional que maneja la mayor porción del mercado de 24.000 cajas privadas no bancarias que existen en el país, enviaron dos cartas formales al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al de Córdoba para «pedir la posibilidad de volver a operar, bajo estricto cumplimiento de protocolos de medidas sanitarias y distanciamiento social», según explicó su CEO, Jorge Gatto.
«Tenemos clientes que trabajan en las actividades consideradas esenciales y necesitan acceder a sus cajas de seguridad y hasta hoy no lo han podido hacer. Mantenemos contacto telefónico y mediante los canales digitales con ellos y nos reiteran su necesidad y urgencia», detalló el ejecutivo.
Uno de los últimos jugadores en llegar al mercado, INGOT, creada por el exCEO de Hausler a fines del año pasado, también considera «razonable» que se permita la operación de cajas de seguridad para clientes particulares.
Juan Piantoni, socio de la firma, explica que la mayor parte de sus clientes son transportadoras de caudales o mutuales y cooperativas, actividades exceptuadas que pueden visitar sus bóvedas, por lo que tiene sus puertas abiertas con el protocolo de higiene pertinente, pero que la compañía también tiene una porción chica de clientes individuales a los que hoy no les puede brindar servicio.
El negocio de cajas de seguridad extrabancarias es relativamente nuevo en la Argentina. En 2014, Hausler fue la primera compañía en dedicarse exclusivamente a la actividad. Otras firmas ofrecían alquiler de cajas, pero como parte de otros servicios adicionales.
Los jugadores del sector prometen horarios extendidos (atienden hasta últimas horas de la tarde y los sábados, a diferencia de los bancos) y un especial énfasis en la seguridad. Según fuentes del sector, alquilar una caja chica de 10x15x60 puede costar desde $17.000 al año, con una cobertura incluida de US$50.000.
Por: Sofía Terrile
